Consentimiento para la atención psicológica a menores de edad

La atención psicológica es una intervención sanitaria y, como tal, exige consentimiento informado (Ley 41/2002, de autonomía del paciente).

Cuando la persona atendida es menor de edad, ese consentimiento lo otorgan quienes ostentan la patria potestad o la tutela, escuchando siempre la opinión del menor.

Menores de 12 años: consienten madre, padre o tutores legales.

De 12 a 15 años: consienten los progenitores o tutores, pero el menor debe ser escuchado y su opinión se tiene en cuenta de forma efectiva.

De 16 y 17 años: el menor tiene capacidad para consentir la intervención ordinaria, si bien en Ánimo pedimos igualmente la información y el acuerdo de la familia salvo que ello perjudique al menor.

Al cumplir 18 años, la persona pasa a consentir por sí misma y decide qué información comparte con su familia.

Iniciar un tratamiento psicológico no es un acto de la vida cotidiana: requiere el acuerdo de ambos progenitores cuando comparten la patria potestad.

Ánimo solicita una declaración responsable de que el consentimiento se presta con conocimiento y conformidad del otro progenitor.

Si existe desacuerdo, el profesional puede suspender la intervención hasta que se aporte acuerdo escrito o resolución judicial que lo autorice.

En el registro, la familia marca de forma expresa la casilla de consentimiento informado.

Antes de la primera sesión se solicita el documento de consentimiento firmado, que puede subirse desde el área privada de la familia o del adolescente.

El consentimiento puede revocarse en cualquier momento por escrito, sin efectos retroactivos sobre la atención ya prestada.

Lo que el adolescente comparte en sesión está protegido por el secreto profesional.

La familia recibe la información necesaria sobre el proceso (objetivos, evolución general, recomendaciones), no el contenido literal de las sesiones.

El encuadre de confidencialidad se explica al menor y a la familia al inicio del proceso.

El profesional debe romper la confidencialidad cuando exista riesgo grave para la vida o la integridad del menor o de terceros: ideación suicida con riesgo inminente, autolesiones graves, sospecha de abuso, maltrato o negligencia.

En estos casos se informa a la familia, se activa el protocolo interno de Ánimo y, si procede, se comunica a los servicios de protección del menor o al 112, conforme a la Ley Orgánica 8/2021.

Verificar la titularidad de la patria potestad y documentar el consentimiento obtenido.

Registrar las sesiones en su historia clínica y conservarla el plazo legalmente exigible.

Actuar dentro de su ámbito de competencia y derivar cuando el caso lo requiera.

Disponer de certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, requisito obligatorio para trabajar con menores (Ley 26/2015).

Para cualquier consulta sobre este documento: dpd@animo.cat. Ante una urgencia, llama al 112 o al 024.